Acá los cambios a la “Ley Uber”: Sanción a pasajeros, licencia profesional y hoja de vida de chofer.

Durante la jornada de este viernes, el Gobierno presentará las modificaciones que se le incorporaron a la legislación que busca regular el servicio de las aplicaciones de automóviles como Uber y Cabify.

Los cambios, a los cuales tuvo acceso La Tercera, implican una serie de novedades respecto a la actual forma de operar en el sistema de transportes.

Los conductores de estos soportes deberán tener por obligación la licencia profesional del tipo A1 como forma de garantizar un mayor conocimiento del trabajador al volante.

A ello se le sumarán la petición de la hoja de vida del chofer, a quien se le pedirán sus antecedentes para descartar la existencia de delitos de connotación grave, como ilícitos sexuales, tráfico de drogas, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte.

El cambio implica la existencia de multas de entre 10 a 100 UTM (entre $477.000 y $4.477.000) para las empresas o conductores que no cumplan con las normativas.

Detallar que la instancia también involucra posibles partes a pasajeros que interfieran en el correcto uso de recorridos o del sistema en general.

En ese punto, también se barajará la opción de que el Ministerio de Transportes pueda estar sujeto a modificar, por ejemplo, rutas y accesos a ciertas áreas para evitar atochamientos.

Otras modificaciones

Adicionalmente a no contar con antecedentes penales, los conductores deberán contratar seguros de responsabilidad civil para los pasajeros. También se establece que el Ministerio de Transportes se reservará la facultad de instaurar futuras condiciones de operación para las empresas de aplicaciones, como, por ejemplo, restringir el tránsito de estos vehículos en ciertas zonas para disminuir la congestión u otorgar condiciones especiales para vehículos cero emisión.

Además, la iniciativa impone sanciones tanto para las empresas de aplicaciones como para los conductores que no cumplan con las exigencias del proyecto de ley. Las multas que se consideran van desde las 10 a 100 UTM ($ 477.290 a $ 4.772.900) y serán impuestas por los juzgados de Policía Local. Por acumulación de infracciones, el Ministerio de Transportes podrá cancelar del registro de la aplicación a una empresa. El proyecto, además, propone sanciones a los pasajeros que colaboren en entorpecer la fiscalización.

Sobre las indicaciones, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, ha señalado que se busca “asegurar la igualdad de condiciones tanto para taxis como para las plataformas, avanzar hacia la profesionalización del sector y garantizar un foco en calidad y seguridad para los usuarios”.

Según ha sostenido la autoridad, con la nueva ley “aumentaremos las exigencias para las plataformas e impulsaremos el uso de tecnología para que los taxis puedan modernizar su operación y así entreguen un servicio más eficiente, moderno y competitivo”.

Fiscalización y controles

Actualmente, la fiscalización y controles de irregularidad se realizan a todo tipo de vehículo que presten el servicio de transporte público de pasajeros, incluyendo aquellos asociados a plataformas.

De ser aprobada la ley, la fiscalización se mantendría para comprobar que dichos vehículos cumplan con las exigencias.

ACÁ LA NOTA COMPLETA- La Tercera

 

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