Proyecto que crea Estatuto Anticorrupción es aprobado por unanimidad y se apronta a ser ley

Propuesta del gobierno otorga la categoría de crímenes a las figuras más graves de ambos delitos, entregando nuevas facultades investigativas al Ministerio Público.


Además, se aprobó una normativa especial para que altas autoridades del Estado que incurran en el delito cumplan condena en cárcel.

Aumento de penas, nuevos delitos, ampliación de la responsabilidad penal y que las figuras más graves de cohecho y soborno tengan sanciones por sobre los 5 años de cárcel son parte de las fortalezas del proyecto de ley que modifica el Código Penal y que impulsa un nuevo Estatuto Anticorrupción, iniciativa aprobada este jueves por la unanimidad de la Sala de la Cámara de Diputados y que la deja en condiciones de ser enviada para convertirse en ley de la República.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien se hizo presente en la sesión, agradeció a los parlamentarios presentes por concurrir con su voto en la aprobación del proyecto y a quienes en las distintas instancias desde su génesis como moción hasta la comisión mixta que tuvo la oportunidad de abordarlo en detalle.

“Hoy día se ha dado un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y lo ha hecho el mundo político unido tanto Gobierno como oposición, el actual gobierno y el anterior, diputados y senadores, todos hemos concurrido a crear un verdadero estatuto anticorrupción que aumenta los delitos, aumenta las penas, agrava las conductas de quienes cometiendo delitos siendo funcionarios públicos merecen la más fuerte de las sanciones porque están actuando en representación de los chilenos”, destacó el secretario de Estado.

El Proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal surge a raíz de los casos de financiamiento ilegal de la política y tras un apoyo transversal logró avanzar en cada una de las instancias parlamentarias.

Este diseño establece cinco grandes innovaciones tales como el aumento de penas de diversos delitos funcionarios y modificaciones de algunos de estos tipos penales; incorpora nuevas penas y reglas especiales para estos ilícitos y también establece nuevos delitos: cohecho en razón del cargo, corrupción entre particulares y administración desleal.

Asimismo, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las penas aplicables e incorpora nuevas figuras dentro de las hipótesis de lavado de activos.


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